domingo, 27 de julio de 2014

Entrevista a Dick Emanuelsson, sub director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL



Dick Emanuelsson ha cubierto el conflicto en Colombia durante casi tres décadas como corresponsal para América Latina. Ha vivido de cerca los procesos de Casa Verde, San Vicente del Caguán y el que actualmente se desarrolla en Cuba. En 2005 tuvo que dejar su casa de Bogotá por amenazas de muerte. Los servicios secretos tenían una carpeta con 476 folios sobre su persona.


«Nunca se ha avanzado tanto, con una agenda y la tierra como primer punto»


Por Ainara LERTXUNDI | GARA, DONOSTIA

Casa Verde, San Vicente del Caguán y La Habana. Tres procesos negociadores entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano que forman parte de la dilatada trayectoria profesional del periodista sueco Dick Emanuelsson como corresponsal para América Lati- na. Ha penetrado en las monta- ñas colombianas en más de una ocasión para entrevistar a la guerrilla, ha ahondado en la muerte de sindicalistas a manos de paramilitares y ha retratado la situación del campesinado.

De gira por Euskal Herria, Emanuelsson visitó la redacción de GARA para relatar su experiencia en Colombia y sus impresiones sobre las conversaciones de La Habana.

¿Cómo realiza un periodista su labor a sabiendas de que está siendo espiado y de que esos seguimientos pueden poner en peligro a sus fuentes?

Cuando llegué a Colombia y me acredité como periodista, un colega me dijo ‘fíjate muy bien con quién hablas Dick, porque el 50% de los periodistas son asalariados de la inteligencia militar y el otro 50% no pueden ejercer el periodismo según los principios que deberían regir esta profesión’, es decir, cuestionamiento del poder, investigar en profundidad, extraer los elementos fundamentales para hacer un buen reportaje... En los últimos 20 años, han matado a al menos 130 periodistas en Colombia.

Los corresponsales extranjeros tal vez estamos un poco más blindados, pero los colegas colombianos están totalmente indefensos frente a los abusos de los patrones o frente a las amenazas del Estado, de los grupos paramilitares y de los escuadrones de la muerte.

Manuel Cepeda Vargas, director del semanario Voz y elegido senador por el Partido Comunista Colombiano el 13 de marzo de 1994 y asesinado el 9 de agosto del mismo año. Cepeda fue un verdadero reportero, periodista, editorialista y columnista y a final el Terrorismo de Estado lo ultimó. La orden dio un general de la inteligencia militar y dos sub oficiales con paramilitares ejecutaron el asesinato político.


¿Qué riesgos ha tenido que enfrentar, por ejemplo, a la vuelta de un campamento guerrillero?

Cuando un periodista saca a la luz esa realidad de la insurgencia que contradice la versión del Estado, inmediatamente queda confrontado con ese Estado. En 1988, cuando aún estaba vigente el acuerdo suscrito el 28 mayo de 1984 entre el Gobierno de Be- lisario Betancur y las FARC en Casa Verde –sede del Secretariado–, entrevisté a los fundadores de la guerrilla, entre ellos Jacobo Arenas y Manuel Marulanda. Fueron dos semanas en las que recopilé mucho material que, mayoritariamente, fue publicado en Suecia, pero también en medios latinoamericanos y colombianos.

Ya en el año 2000 me instalé en Colombia como corresponsal para América Latina. Mi casa y oficina estaban en Bogotá. En 2004 comenzaron las amenazas de muerte, y desde octubre de ese año hasta 2005 me hicieron seguimientos minuto a minuto. Comenzaron a grabarme en video incluso cuando salía a correr.

Seguramente, los agentes pensaban que me estaba preparando físicamente para ir a las montañas, cuando, en realidad, los reportajes con la guerrilla representaban el 2% o 3% de todo mi trabajo profesional, porque hacía principalmente reportajes sobre el movimiento sindical colombiano.

En la selva 2012, entrevistando al comandante Jesús Santrich de las FARC-EP  pocos meses antes que comenzara el proceso de paz.

En noviembre de 2005 tuve que salir del país por las constantes amenazas de muerte y me fui a Honduras, donde residía mi esposa. En febrero de 2009, la Fiscalía colombiana hizo un registro en el DAS y se incautó de todas las carpetas con los datos de los periodistas que fuimos objeto de espionaje.

Un compañero me filtró que la mía era una de las carpetas más voluminosas con 476 folios. Fue impresionante comprobar la mentalidad paranoica de la inteligencia militar.

En la página tres de esos 476 folios se decía que yo era ‘un presunto ideólogo’ de las FARC-EP. Es absurdo sostener que un periodista sueco que aterriza en Colombia pueda ser el ‘ideólogo’ de un movimiento armado con casi 50 años de historia. ¡Es una pendejada total!

El espionaje contra mi persona fue tal que, estando dentro de un avión con destino a Costa Rica –donde iba a hacer una gira–, colocaron un imán en mi computador para borrar todo su contenido. Después, enviaron un correo electrónico anónimo a sus homólogos (DIS) en Costa Rica, diciendo que un ‘terrorista internacional’ con mis características físicas viajaba a su país.

El subdirector del DAS-G3, encargado de la contrainteligencia, fue sentenciado a algo más de nueve años por espiarnos.




Desde el inicio de los diálogos, ha viajado en varias ocasiones a La Habana. ¿Qué diferencia a este proceso de anteriores?

Lo que caracteriza a los tres procesos –Casa Verde, Caguán (1999-2002) y el actual– son las mismas resistencias por parte del Estado y del Gobierno para llegar a las raíces del conflicto social y armado.

El 9 de diciembre de 1990, estando todavía en vigor el acuerdo al cese al fuego, el pueblo de Colombia fue a las urnas para elegir una nueva Asamblea Constituyente y ese mismo día bombardearon Casa Verde, rompiendo el proceso de paz. Dejaron sin abordar cuestiones esenciales como la reforma agraria y otras reformas estructurales. No obstante, el cese al fuego fue importante porque dio espacio para la creación de un nuevo movimiento político, la Unión Patriótica. Iván Márquez, por ejemplo, fue elegido diputado por el departamento del Caquetá.

En las elecciones presidenciales de 1986, la oligarquía colombiana se quedó herida por el amplio respaldo que obtuvo la Unión Patriótica. La respuesta del Estado fue la de reforzar el paramilitarismo, que siempre ha existido desde el Bogotazo de 1948, y asesinaron a los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Aniquilaron físicamente a Unión Patriótica, la organización política a través de la cual los guerrilleros se iban a incorporar a la vida civil.

De los 32 alcaldes que fueron elegidos, asesinaron a casi todos, y el mismo día de las votaciones para la Constituyente, bombardearon, como he dicho, Casa Verde. En el de San Vicente del Caguán diseñaron una agenda con diez puntos y ni siquiera abordaron el primero. Los sabotajes fueron continuos y, al final, el proceso murió cuando empezaron a bombardear la zona de despeje a principios de febrero de 2002.


Sin embargo, en La Habana ya hay dos acuerdos. ¿Eso hace pensar que estamos ante un proceso mucho más solido?

Yo creo que sí. Los negociadores de las FARC estuvieron dos años haciendo los preparatorios para blindar este proceso y para que al Estado no le resulte tan fácil para romperlo bajo cualquier pretexto. Nunca se ha avanzado tanto como ahora, con una agenda de seis puntos y la tierra como primer punto, porque ese es un tema esencial para crear una nueva Colombia.

En contra de pronósticos hechos a priori, la discusión sobre la sustitución de los cultivos ilícitos se está demorando más que los anteriores puntos. ¿Qué impacto tiene el narcotráfico?

Aunque a nivel de calle el tema de la droga no es tan importante, sí lo es para el poder fáctico en Colombia y Estados Unidos. Como afirma Noam Chomsky, el 90% de las utilidades de la droga colombiana se quedan en los sistemas financieros de EEUU. Hay muchos intereses en juego y la última palabra siempre la tiene Washington. Los paros agrarios del pasado año –el de Catatumbo que duró más de 74 días y, después, el gran paro agrario y popular del 14 de agosto que se prolongó durante 35 días y movilizó a todo el Ejército–, evidenciaron que los campesinos quieren una solución.

Lo que cultivan es la hoja de coca que luego compra el mafioso de la ciudad. La presencia de la guerrilla en la zona es una protección para el campesinado.

En San Vicente del Caguán, Marulanda propuso un proyecto piloto en Cartagena de Chaira, una zona con bastantes cultivos ilícitos de hoja de coca e, históricamente, un bastión de la insurgencia. Pero el Estado rompió el proceso, no quiso entrar a sustituir la plantación de coca de forma manual y bajo control del Estado y de la insurgencia, al mismo tiempo. Reemplazar la hoja de coca, hacer una reforma agraria, dar asistencia técnica y financiación a los campesinos.

A estos les dicen que en vez de la hoja de coca planten árboles de caucho pero, el caucho necesita ocho años para crecer. Entonces, la pregunta que se hacen es evidente: ‘¿Con qué vamos a comer durante ese tiempo?’ Para que realmente esos cultivos se puedan sustituir se necesita una reforma integral.

¿Qué evolución ha visto en la guerrilla en estas tres décadas?

Cuando en 1988 estuve por primera vez haciendo un reportaje en un campamento guerrillero en las montañas de Cundinamarca en la cordillera oriental, las FARC tenían unos 31 frentes. En una de las aulas del campamento había un mapa con los diferentes frentes. Hoy en día, tienen cerca de 71, más del doble. Desde que se rompió el proceso de paz en el Caguán en 2002, la guerra ha sido total.

Tropas guerrilleras de las FARC-EP 1988 en Casa Verde

El expresidente Andrés Pastrana reforzó e intensificó la política armamentística.

Con el Plan Colombia llegó una flota de unos cien helicópteros Black Hawk con capacidad para trasladar a 29 soldados armados y una gran cantidad de aviones de combate en un país donde prácticamente no hay medicinas en los hospitales públicos. Colom- bia tiene más de 500.000 militares, mujeres y hombres.

“The Washington Post” reveló un programa secreto de la CIA que se inició en 2000, bajo el mandato del presidente George W. Bush, mediante el cual ayudó a las Fuerzas Militares colombianas a matar a varios dirigentes de las FARC, entre ellos a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano.

Los estadounidenses tienen en su embajada un búnker desde donde realizan labores de inteligencia y manejan la guerra. Ni siquiera los mismos colombianos son dueños de su guerra.

Los últimos diez años han sido duros; a cualquier guerrillero que entrevistes en los campamentos te dice lo mismo: ‘aquí es duro, no podemos hacer como hace diez años un fogón porque los aviones detectan tanto el humo como el calor’.

Pero la guerrilla se ha adaptado a las nuevas circunstancias; tiene 50 años de experiencia.

En el departamento de Cundinamarca, por ejemplo, a los campesinos que en la década de los 60 se atrevieron a pronunciar la palabra reforma agraria, les cortaron la cabeza y las colocaron en los palos de los potreros como una advertencia a los demás campesinos.

Fue en ese contexto en el que se creó la guerrilla de las FARC y fue la guerrilla y no el Estado quien entregó en las décadas de los 60 y 70 las tierras a los campesinos en este departamento, donde tenía una presencia muy fuerte.

Ahí está la base social de la insurgencia. Como en Vietnam, la guerrilla se mueve como pez en el agua y, el agua es la población.

Pero en las recientes elecciones legislativas han ganado los partidos de la derecha. ¿Cómo se explica esa brecha?

El movimiento popular colombiano no participó en las elecciones. El terrorismo de Estado convirtió a la Unión Patriótica en un esqueleto. El verdadero movimiento popular que representa Marcha Patriótica, que aglutina a 2.000 organizaciones sociales, políticas y populares, no se presentó. El año pasado convocó a 150.000 campesinos en la Plaza Bolívar, que lograron sacudir todo el establecimiento colombiano y obligar al Estado a sentarse con los campesinos. Sin embargo, Piedad Córdoba, una de las portavoces de Marcha Patriótica, anunció que se estaban planteando la disolución de Marcha Patriótica después de que hayan matado a una treintena de representantes de la dirección nacional o departamental y denunció un intento de repetir el genocidio de la Unión Patriótica.
150 000 colombianos en Plaza Bolivar convocados por Marcha Patriótica

Al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, elegido por un millón de bogotanos, el procurador, un representante del Opus Dei y uribista declarado, lo destituyó porque quería sacar la mafia de las empresas encargadas de recoger la basura en la capital. Así de fácil.

¿Qué tipo de mensaje se traslada a La Habana, donde precisamente se está hablando de las garantías para participar en política? ¿Cuántos votaron al Congreso? Solo un 27% de la población. El padrón electoral es viejo; hasta los muertos votan. Esa es la democracia en Colombia.