“Un Black Hawk blindado no se quiebra o se parte por unas minas quiebrapatas. El helicóptero fue derribado por las tropas guerrilleras”, dice la fuente de ANNCOL.

“El helicóptero Black Hawk fue derribado por las FARC”

Por Dick Emanuelsson / ANNCOL

ANNCOL / 2015-06-23 / De una fuente fidedigna de ANNCOL se confirma que el helicóptero que supuestamente “aterrizó en un campo minado”, en realidad fue derribado por la guerrilla.

Ayer el Ejército Nacional de Colombia confirmó que un helicóptero Black Hawk UH-60 había explotado en la zona rural del municipio de Teorama (Norte de Santander) durante el aterrizaje. El aparato pertenecía a la contraguerrilla de la Brigada 30 de la Fuerza de tarea Vulcano. Murieron cuatro soldados profesionales mientras seis de sus compañeros quedaron con graves heridas en la explosión.

Las primeras versiones del caso hablaban que el helicóptero aterrizó en un campo minado preparado por la guerrilla, supuestamente por las Farc. El mismo comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, señaló en una rueda de prensa que las causas que generaron la explosión era un campo minado y descartó que el aparato fue derribado o que tenía fallas técnicas.

Una “quiebrepata” no quiebra un Black Hawk

ANNCOL ha hecho varios sondeos y una fuente que usualmente usamos para tener certeza sobre distintos temas, sostiene que el general Lasprilla trata de crear una cortina de humo por el penoso caso de un helicóptero derribado por la guerrilla.

– No murieron todos los militares. Seis de ellos están vivos y pueden confirmar o desmentir si era un campo minado o si el aparato fue derribado. Ellos estaban presentes, dice la fuente de ANNCOL.

También entrega otro elemento que debe ser tomado en cuenta:

– Los campos minados contiene explosivos que los generales llaman “minas quiebra patas”, y que sí, quiebra pies cuando explota. Pero es una gran diferencia entre un pie y un helicóptero que se quiebra en dos partes. El Black Hawk es además un helicóptero blindado, resiste no solo tormentas en el aire sino también tiros de las ametralladoras. El general Lasprilla debe pasar por duras contradicciones personales, por que como un experimentado general, sabe perfectamente bien, que un Black Hawk no se quiebra o se parte por unas minas quiebrapatas.

– El helicóptero fue derribado por las tropas guerrilleras que se mueven como el pez en el agua en esta región, dice la fuente de ANNCOL.

Según el general Lasprilla, el Black Hawk realizaba labores de abastecimiento y apoyo a las tropas terrestres del Ejército que durante varios días han librado combates. Según el Ejército el hecho le atribuyó a la Compañía de Resistencia del Catatumbo de las FARC. De la guerrilla todavía no ha salido un parte de guerra que confirma o desmiente las declaraciones del general Lasprilla.

¿Ahorrando vidas o intensificar la guerra?

Desde que las FARC no querían recibir más bombas a sus campamentos o más asesinatos de negociadores de paz de esta guerrilla, la guerra se ha intensificado. Todos los días hay varios combates o acciones armadas en contra la economía de guerra del Estado. Mueren guerrilleros y soldados, hijos del mismo pueblo en una guerra que no es los soldados sino de un Poder Fáctico que no quiere ceder un solo milímetro de su poder en las negociaciones de paz, dicen los conocedores del conflicto social y armado.

La muerte del soldado Franklyn Gamboa Monsalve, de 25 años de edad, natural de El Zulia (Norte de Santander), ahora es utilizada por RCN y Caracol y los demás medios corporativos para atacar a la insurgencia por “su descaro de suspender su cese al fuego unilateral”. Pero hay que distinguir entre Causa y Efecto.

Si Santos había aceptado el cese al fuego bilateral o, como dice el Comisionado por la paz de la ONU en Colombia, una tregua bilateral, se había ahorrado centenares de vidas como la vida de este soldado. Él planeaba a retirarse de las FF.MM. y la guerra en Colombia después que naciera su hija hace un mes. Desgraciadamente fue unos de los cuatro muertos en el derribamiento del helicóptero en el Norte de Santander.

“La esposa, la mamá e inclusive, yo también, le habíamos dicho que se retirara, que ya tenía una niña, que pensara que iba a ser muy difícil que la viera. Él estaba pensando en retirarse, estaba en eso”, dijo Elkin Leonel García, cuñado del uniformado, al diario El Tiempo.

Los asesinatos de negociadores de Paz de la guerrilla en 1993 y en mayo 2015

 

Jairo Martínez, negociador de las FARC en La Habana, asesinado el 28 de mayo 2015 y los guerrilleros Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaños, negociadores de la disidencia del ELN que iban a firmar el acuerdo de paz con los enviados del gobierno de César Gaviria cuando fueron ultimados desarmados por el Ejército el 20 de septiembre de 1993.

Por  Dick Emanuelsson ANNCOL

DICK EMANUELSSON / ANNCOL / Estuve en el corregimiento Nueva Antioquía, jurisdicción del municipio de Turbo, región bananera de Urabá cuando sobrevolaron dos helicópteros del Ejército Nacional. Un campesino dijo: “Ahí vuelan los dos negociadores de Paz de la disidencia del ELN que fueron asesinados desarmados por el Ejército cuando iban a firmar la paz con los enviados del gobierno de César Gaviria”.

Fue un sábado o domingo a final del mes de septiembre del 1993. Me acompañó Hernán Durango, funcionario del PCC en Urabá y la UP. Los militantes del PCC&UP iban a postular candidatos para las próximas elecciones municipales. El Partido Comunista tenía una dominación total en el corregimiento en donde tenían 15 células de base entre los 1054 habitantes.

César Gaviria había comenzado la llamada “Apertura Económica” que no era otra cosa que la entrega del campo colombiano a las transnacionales agroindustriales y el comienzo en serio del modelo neoliberal en Colombia.

El saldo ya lo sabemos hoy. Mineras, petroleras y transnacionales de la agroindustria son los dueños de los recursos naturales y la tierra más fértil del país. La legislación laboral y los derechos del trabajador y las organizaciones sindicales están totalmente destrozadas. No existe en Colombia un movimiento popular y de defensa a las grandes masas empobrecidas a causa del Modelo.

Solo quedó el movimiento guerrillero. Y fue un obstáculo para los arquitectos del Modelo y sus Patronos en Washington. No creo que los militares que ahora fueron sentenciados a 31 años de prisión por los asesinatos de los dos negociadores de paz hace 22 años, tenían claro a qué misión fueron enviados. Eran otros, los intelectuales de las muertes de estos dos negociadores que no han sido sentenciados ahora.

Me acordé el día en ese corregimiento, La Nueva Antioquía, cuando supe sobre la sentencia de los dos militares, autores materiales de los ex guerrilleros asesinados. Duraron 22 años para que se hiciera justicia, después un laberinto y desvíos jurídicos.

El asesinato de Jairo Martínez, negociador de las FARC en La Habana

Pero ha pasado solo un mes desde que fue muerto en un bombardeo Jairo Martínez, negociador de las FARC en La Habana. Había sido enviado a Colombia por la Delegación de Paz de las FARC para socializar en las estructuras guerrilleras el avance del proceso cuando el Ejército vomitó sus bombas de 500 libras encima el campamento en donde se había reunido con los guerrilleros para que estuvieran al tanto del proceso en La Habana.

Es el mismo cinismo del Estado ante un proceso de Paz como hace 22 años allá en el corregimiento de Blanquicet, zona rural de Turbo (Antioquia) cuando fueron asesinados por los militares Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaños, de la Corriente de Renovación Socialista.

La publicación del informe de la Human Rights Watch coincide con la sentencia a los autores materiales de la muerte de Prada y Bolaños. Apunta a la cúpula de los Generales, responsables por las peores violaciones de los derechos humanos en Colombia, por que son los Padrinos del monstruo del paramilitarismo junto con los empresarios, ganaderos y los carteles de la droga que sostienen esta estructura que tiene que desmontarse para que haya una verdadera paz en Colombia.

Lea el informe de HRW:

http://www.scribd.com/doc/269571626/HRW-El-rol-de-los-altos-mandos-en-falsos-positivos

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El Espectador:

Condenan a militares por muerte de negociadores de paz

Los hechos ocurrieron en 1993 e hicieron tambalear el proceso de paz con la CRS

La Corte Suprema de Justicia sentenció a 31 años de prisión a tres uniformados por el asesinato de los guerrilleros Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaños, de la Corriente de Renovación Socialista.

Carlos Manuel Prada, alias “Enrique Buendía”, fue asesinado en 1993. / Archivo

Los atraparon en plena misión de paz, los torturaron y luego dijeron que habían muerto en combate.

Hace 22 años dos homicidios pusieron en grave riesgo unas negociaciones de paz como las que se adelantan actualmente entre el gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). Se trató de los asesinatos de Carlos Manuel Prada , alias Enrique Buendía, y Evelio Antonio Bolaños, alias Ricardo González, negociadores por parte de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia del Eln. Al final, el proceso culminó con la desmovilización y reinserción de casi 800 combatientes, entre ellos, el hoy analista León Valencia y el ahora concejal Antonio Sanguino. Las muertes de Bolaños y Prada, no obstante, quedaron impunes. Hasta ahora, cuando la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 31 años y 6 meses de prisión al capitán (r) Néstor Raúl Vargas, al teniente (r) José Miguel Velandia y al soldado profesional (r) Manuel del Cristo Chiquillo por estos asesinatos.

En un primer momento los uniformados investigados dijeron que ese 22 de septiembre de 1993 Prada y Bolaños se les enfrentaron y murieron en medio del tiroteo. No obstante, varios testigos terminaron por convencer a la justicia de que los dos fueron capturados vivos y luego ejecutados extrajudicialmente, justo cuando se aprestaban a reunirse con los guerrilleros que se iban a desmovilizar y, luego, con representantes del gobierno para no hablar de otra cosa sino de paz.

Ese año, el entonces presidente César Gaviria autorizó al viceministro de Gobierno, de esa época, Fabio Villegas Ramírez, y al consejero Presidencial para la Paz, Ricardo Santamaría, para que dialogaran con la Corriente de Renovación Socialista sobre una posible desmovilización. El gobierno y el grupo armado ilegal habían convenido reunirse en Ovejas (Sucre), pero previo a ello, los delegados de la CRS se habían comprometido a visitar el corregimiento de Blanquicet, zona rural de Turbo (Antioquia).

Esto con el fin de agrupar a los guerrilleros que hacían presencia en esa zona y partir hacia el sitio de concentración acordado. El Ejército ya estaba alertado sobre el mencionado traslado y el entonces comandante del Comando Operativo 1, el coronel (r) Fernando Becerra Pacheco, ya se había comprometido a mover las tropas para facilitar la visita de los negociadores a la región. Bolaños y Prada viajaron a Blanquicet el 20 de septiembre con Édgar Ernesto Parada, un representante de la Consejería para la Paz, quien iba en condición de garante.

El 23 de septiembre, varios uniformados, entre ellos los tres condenados, fueron trasladados a Blanquicet para colaborar con la llegada de un soldado enfermo y allí se encontraron con Prada y Bolaños. Según los militares, ellos al verlos salieron corriendo. Por esto, dicen, los persiguieron y luego se dio el enfrentamiento en el que los negociadores supuestamente murieron. Sin embargo, algunos pobladores de la zona dijeron a las autoridades algo distinto, que “los voceros del grupo subversivo fueron capturados vivos y luego ejecutados”. Que uno de ellos, incluso, “se quitó la camisa y la ondeó en señal de rendición”.

Los uniformados fueron investigados por la justicia penal militar y la Procuraduría, que el 8 de agosto de 1994 los sancionó con expulsarlos del servicio militar. No obstante, por los lados de la justicia penal militar los resultados fueron poco o nada. De hecho, en 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al admitir una demanda contra Colombia por estos asesinatos, se quejó de que el proceso por los dos homicidios hubiera sido adelantado por la justicia militar y no por la ordinaria. Y recordó que “los tribunales militares no garantizan la aplicación del derecho a la justicia, puesto que carecen de independencia, un requerimiento básico para la existencia de este derecho”.

Por su parte, en noviembre de 2004, un tribunal administrativo condenó al Estado por la participación de militares en estos hechos. El fallo lo confirmó el Consejo de Estado en marzo de 2009. No obstante, pese al concepto de la CIDH y al fallo del Tribunal, fue sólo hasta 2006 que la Corte Suprema de Justicia decidió reabrir el caso y asignárselo a la justicia ordinaria. Y fueron necesarios otros seis años para que un juez de Turbo (Antioquia) condenara a Vargas, Velandia y Chiquillo por estos asesinatos. Ese año, seis uniformados fueron sentenciados a 61 meses de prisión por encubrir este asesinato.

La condena contra Vargas, Velandia y Chiquillo fue confirmada el 18 de marzo de 2014 por el Tribunal de Antioquia y ahora por la Corte Suprema de Justicia que le dijo no a una demanda interpuesta por Vargas y Velandia para que se tumbara el fallo en su contra porque, en su criterio, se les había violado su derecho al debido proceso, tras ser defendidos, en la primera etapa de las investigaciones, por un uniformado y no por un abogado. Argumento que fue desvirtuado por el alto tribunal.

Hace 22 años, tras la muerte de Prada y Bolaños, la Corriente de Renovación Socialista sostuvo, por medio de un comunicado que repudiaba “este crimen atroz contra la paz. Responsabiliza al Gobierno y a los militares de estos asesinatos. Suspende la negociación. Condiciona cualquier contacto con el Gobierno a la entrega previa de los cadáveres en Flor del Monte (Sucre). Y convoca a todo el país a convertir el funeral de los compañeros, en este corregimiento, el 26 de septiembre, en una protesta nacional contra los enemigos de la paz”. Al final la paz pudo más que sus enemigos.