Jairo Martínez, negociador de las FARC
en La Habana, asesinado el 28 de mayo 2015 y los guerrilleros Carlos
Manuel Prada y Evelio Antonio Bolaños, negociadores de la disidencia del
ELN que iban a firmar el acuerdo de paz con los enviados del gobierno
de César Gaviria cuando fueron ultimados desarmados por el Ejército el
20 de septiembre de 1993.
Por
Dick Emanuelsson ANNCOL
DICK EMANUELSSON / ANNCOL / Estuve en el corregimiento Nueva Antioquía, jurisdicción
del municipio de Turbo, región bananera de Urabá cuando sobrevolaron dos
helicópteros del Ejército Nacional. Un campesino dijo: “Ahí vuelan los dos
negociadores de Paz de la disidencia del ELN que fueron asesinados desarmados
por el Ejército cuando iban a firmar la paz con los enviados del gobierno de
César Gaviria”.
Fue un sábado o domingo a final del mes de septiembre del 1993. Me acompañó
Hernán Durango, funcionario del PCC en Urabá y la UP. Los militantes del
PCC&UP iban a postular candidatos para las próximas elecciones municipales.
El Partido Comunista tenía una dominación total en el corregimiento en donde
tenían 15 células de base entre los 1054 habitantes.
César Gaviria había comenzado la llamada “Apertura Económica” que no era
otra cosa que la entrega del campo colombiano a las transnacionales
agroindustriales y el comienzo en serio del modelo neoliberal en Colombia.
El saldo ya lo sabemos hoy. Mineras, petroleras y transnacionales de la
agroindustria son los dueños de los recursos naturales y la tierra más fértil
del país. La legislación laboral y los derechos del trabajador y las
organizaciones sindicales están totalmente destrozadas. No existe en Colombia
un movimiento popular y de defensa a las grandes masas empobrecidas a causa del
Modelo.
Solo quedó el movimiento guerrillero. Y fue un obstáculo para los
arquitectos del Modelo y sus Patronos en Washington. No creo que los militares
que ahora fueron sentenciados a 31 años de prisión por los asesinatos de los
dos negociadores de paz hace 22 años, tenían claro a qué misión fueron
enviados. Eran otros, los intelectuales de las muertes de estos dos
negociadores que no han sido sentenciados ahora.
Me acordé el día en ese corregimiento, La Nueva Antioquía, cuando supe
sobre la sentencia de los dos militares, autores materiales de los ex
guerrilleros asesinados. Duraron 22 años para que se hiciera justicia, después
un laberinto y desvíos jurídicos.
El asesinato de Jairo Martínez, negociador de las FARC en La Habana
Pero ha pasado solo un mes desde que fue muerto en un bombardeo Jairo
Martínez, negociador de las FARC en La Habana. Había sido enviado a Colombia
por la Delegación de Paz de las FARC para socializar en las estructuras
guerrilleras el avance del proceso cuando el Ejército vomitó sus bombas de 500
libras encima el campamento en donde se había reunido con los guerrilleros para
que estuvieran al tanto del proceso en La Habana.
Es el mismo cinismo del Estado ante un proceso de Paz como hace 22 años
allá en el corregimiento de Blanquicet, zona rural de Turbo (Antioquia) cuando
fueron asesinados por los militares Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio
Bolaños, de la Corriente de Renovación Socialista.
La publicación del informe de la Human Rights Watch coincide con la
sentencia a los autores materiales de la muerte de Prada y Bolaños. Apunta a la
cúpula de los Generales, responsables por las peores violaciones de los
derechos humanos en Colombia, por que son los Padrinos del monstruo del
paramilitarismo junto con los empresarios, ganaderos y los carteles de la droga
que sostienen esta estructura que tiene que desmontarse para que haya una
verdadera paz en Colombia.
Lea el informe de HRW:
El Espectador:
Condenan a militares por muerte de negociadores de paz
Los hechos ocurrieron en 1993 e hicieron tambalear el proceso de paz con la
CRS
La Corte Suprema de Justicia sentenció a 31 años de prisión a tres
uniformados por el asesinato de los guerrilleros Carlos Manuel Prada y Evelio
Antonio Bolaños, de la Corriente de Renovación Socialista.
Carlos Manuel Prada, alias “Enrique Buendía”, fue asesinado en 1993. /
Archivo
Los atraparon en plena misión de paz, los torturaron y luego dijeron que
habían muerto en combate.
Hace 22 años dos homicidios pusieron en grave riesgo unas negociaciones de
paz como las que se adelantan actualmente entre el gobierno y las Farc en La
Habana (Cuba). Se trató de los asesinatos de Carlos Manuel Prada , alias
Enrique Buendía, y Evelio Antonio Bolaños, alias Ricardo González, negociadores
por parte de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), una disidencia del
Eln. Al final, el proceso culminó con la desmovilización y reinserción de casi
800 combatientes, entre ellos, el hoy analista León Valencia y el ahora
concejal Antonio Sanguino. Las muertes de Bolaños y Prada, no obstante,
quedaron impunes. Hasta ahora, cuando la Corte Suprema de Justicia acaba de
condenar a 31 años y 6 meses de prisión al capitán (r) Néstor Raúl Vargas, al
teniente (r) José Miguel Velandia y al soldado profesional (r) Manuel del
Cristo Chiquillo por estos asesinatos.
En un primer momento los uniformados investigados dijeron que ese 22 de
septiembre de 1993 Prada y Bolaños se les enfrentaron y murieron en medio del
tiroteo. No obstante, varios testigos terminaron por convencer a la justicia de
que los dos fueron capturados vivos y luego ejecutados extrajudicialmente,
justo cuando se aprestaban a reunirse con los guerrilleros que se iban a
desmovilizar y, luego, con representantes del gobierno para no hablar de otra
cosa sino de paz.
Ese año, el entonces presidente César Gaviria autorizó al viceministro de
Gobierno, de esa época, Fabio Villegas Ramírez, y al consejero Presidencial
para la Paz, Ricardo Santamaría, para que dialogaran con la Corriente de
Renovación Socialista sobre una posible desmovilización. El gobierno y el grupo
armado ilegal habían convenido reunirse en Ovejas (Sucre), pero previo a ello,
los delegados de la CRS se habían comprometido a visitar el corregimiento de
Blanquicet, zona rural de Turbo (Antioquia).
Esto con el fin de agrupar a los guerrilleros que hacían presencia en esa
zona y partir hacia el sitio de concentración acordado. El Ejército ya estaba
alertado sobre el mencionado traslado y el entonces comandante del Comando
Operativo 1, el coronel (r) Fernando Becerra Pacheco, ya se había comprometido
a mover las tropas para facilitar la visita de los negociadores a la región.
Bolaños y Prada viajaron a Blanquicet el 20 de septiembre con Édgar Ernesto
Parada, un representante de la Consejería para la Paz, quien iba en condición
de garante.
El 23 de septiembre, varios uniformados, entre ellos los tres condenados,
fueron trasladados a Blanquicet para colaborar con la llegada de un soldado
enfermo y allí se encontraron con Prada y Bolaños. Según los militares, ellos
al verlos salieron corriendo. Por esto, dicen, los persiguieron y luego se dio
el enfrentamiento en el que los negociadores supuestamente murieron. Sin
embargo, algunos pobladores de la zona dijeron a las autoridades algo distinto,
que “los voceros del grupo subversivo fueron capturados vivos y luego
ejecutados”. Que uno de ellos, incluso, “se quitó la camisa y la ondeó en señal
de rendición”.
Los uniformados fueron investigados por la justicia penal militar y la
Procuraduría, que el 8 de agosto de 1994 los sancionó con expulsarlos del
servicio militar. No obstante, por los lados de la justicia penal militar los
resultados fueron poco o nada. De hecho, en 1998, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, al admitir una demanda contra Colombia por estos asesinatos,
se quejó de que el proceso por los dos homicidios hubiera sido adelantado por
la justicia militar y no por la ordinaria. Y recordó que “los tribunales
militares no garantizan la aplicación del derecho a la justicia, puesto que
carecen de independencia, un requerimiento básico para la existencia de este
derecho”.
Por su parte, en noviembre de 2004, un tribunal administrativo condenó al
Estado por la participación de militares en estos hechos. El fallo lo confirmó
el Consejo de Estado en marzo de 2009. No obstante, pese al concepto de la CIDH
y al fallo del Tribunal, fue sólo hasta 2006 que la Corte Suprema de Justicia
decidió reabrir el caso y asignárselo a la justicia ordinaria. Y fueron
necesarios otros seis años para que un juez de Turbo (Antioquia) condenara a
Vargas, Velandia y Chiquillo por estos asesinatos. Ese año, seis uniformados
fueron sentenciados a 61 meses de prisión por encubrir este asesinato.
La condena contra Vargas, Velandia y Chiquillo fue confirmada el 18 de
marzo de 2014 por el Tribunal de Antioquia y ahora por la Corte Suprema de
Justicia que le dijo no a una demanda interpuesta por Vargas y Velandia para
que se tumbara el fallo en su contra porque, en su criterio, se les había
violado su derecho al debido proceso, tras ser defendidos, en la primera etapa
de las investigaciones, por un uniformado y no por un abogado. Argumento que
fue desvirtuado por el alto tribunal.
Hace 22 años, tras la muerte de Prada y Bolaños, la Corriente de Renovación
Socialista sostuvo, por medio de un comunicado que repudiaba “este crimen atroz
contra la paz. Responsabiliza al Gobierno y a los militares de estos
asesinatos. Suspende la negociación. Condiciona cualquier contacto con el
Gobierno a la entrega previa de los cadáveres en Flor del Monte (Sucre). Y convoca
a todo el país a convertir el funeral de los compañeros, en este corregimiento,
el 26 de septiembre, en una protesta nacional contra los enemigos de la paz”. Al final la paz pudo más que sus enemigos.
