Carlos Alberto, tuvo once meses cuando fue secuestrado por un comando de UNASE (hoy Gaula) junto con su madre, Nancy del Carmen Apraez
y su tío Campos Elias Chanchi Becerra. Estos últimos dos fueron torturados y asesinados y Carlos Alberto dado en adopción a Suecia. Un caso flagrante de Terrorismo del Estado Colombiano.
UNASE (hoy GAULA) lo secuestró. El Instituto
Colombiano Familiar Bienestar ¡lo vendió a Suecia!
“El Estado tiene que responder por mi nieto y la
desaparición de mi hija”
El tituló arriba, “NIÑO ROBADO” es de un extenso reportaje realizado, tanto en
Colombia como en Suecia. Fue publicado en el número 6-7 / 1996 del magazín Folket
i Bild Kulturfront.
El motivo para la
republicación es que la Comisión de la Verdad de Colombia y su
comisionado de Relaciones Exteriores Carlos
Martín Berinstain, quien está recogiendo testimonios entre colombianos en
exilio en todo el mundo, consideran importante documentar cómo el Terrorismo de
Estado también pudo y puede afectar a un pequeño bebé de once meses. El Fondo
de Derechos Humanos en Suecia ha facilitado el trámite de éste u otros casos de
victimas colombianos.
Carlos Martín Berinstain
El niño, Carlos
Alberto fue secuestrado en la ciudad de Popayán junto con su madre y su tío.
Estos últimos fueron torturados y asesinados por una fuerza especial
seleccionada selectivamente del ejército colombiano entonces llamada UNASE, hoy
Gaula. El tío fue encontrado en una zanja en las afueras de Popayán mientras la
madre fue desaparecida desde ese momento. El niño fue llevado por sus verdugos
y dejado en una esquina de la ciudad de Pasto, 300 km al sur de Popayán, cerca la
frontera con Ecuador. Tiempo después fue adoptado en “Express” por una pareja de
Suecia.
El caso es sumamente
trágico y a pesar de una sentencia en Colombia que dio la abuela el derecho de
la potestad de su nieto, el Centro de Adopción sueco negó de acceder. Pasando
casi cuatro años, se hizo un arreglo amistoso con la pareja sueca, que también
es víctima de éste caso trágico.
2022-05-16 /
Tegucigalpa-Honduras
DICK EMANUELSSON
- - - - - -
NIÑO
ROBADO
Por Dick Emanuelsson
POPAYAN / ESTOCOLMO / 1995-11-29 / Diez y nueve
agentes de UNASE están detenidos, gracias de la presión internacional por la
desaparición de una madre de 23 años y su hijo de un año, acto criminal
realizado el 9 de Diciembre 1992 en el municipio de Popayán, en el departamento
de Cauca, Colombia.
Hoy, el niño vive con una pareja en un municipio sueco mientras los abuelos
Pedro y Amparo de Apráez siguen su lucha para rescatar a su nieto. ¿Culpable?
El Estado colombiano.
Fue fatal ese día, quince días antes de la
Navidad 1992. El mayor del ejército, Carlos
Ramirez colocó un petardo de dinamita en la puerta de una casa en el barrio
Yanaconas en la ciudad Popayan. Ocho personas encapuchadas forzaron la puerta,
preguntando por el padre de Carlos
Alberto. En la casa estaba su madre, Nancy del Carmen Apraez y su
cuñado Campos Elias Chanchi Becerra. Al no encontrar al hombre se llevaron
el niño, su mamá y el tío que fueron colocados en el maletero de la camioneta
de su propio suegro, dueño de la casa que visitaron.
El mayor del ejército, Carlos Ramirez colocó un petardo de dinamita en la puerta de una casa en el barrio Yanaconas en la ciudad Popayan.
La señora Amparo Apraez tiene una voz
suave, pero con un tono de resignación. Han sido tres años que ha luchado para
rescatar a su nieto, que desde su nacimiento ha crecido junto a sus abuelos, y
por supuesto, su mamá Nancy de 23 años.
Ahora los abuelos han invertido todos sus
ahorros e ingresos que reciben de la heladería que tienen en casa para poder
seguir su lucha por el rescate de Pedro Juan. Viajes a Suecia, a Bogotá, costos
jurídicos, etc.
Fueron ignorados
Cuando los familiares se dirigieron hacia DAS
(*), F2 (**) y la procuraduría regional en Popayán para denunciar el crimen,
vieron la camioneta que los secuestradores habían robado. Estaba estacionado
afuera de las oficinas de UNASE (*) en Popayán. Pero fueron ignorados por las
autoridades cuando lo mencionaron. Después de un mes el caso fue cerrado.
Pasaron casi diez meses cuando el 25 de
septiembre de 1993 recibió una llamada telefónica.
– Una voz me decía que a mi nieto lo iban
a entregar al otro día afuera del batallón de ejército en Pasto. Creo que fue
uno de los secuestradores que quería limpiar su cargo de conciencia.
– Tomó el primer bus a Pasto, un viaje de seis-siete
horas desde Popayán, pero nada. Con una foto de su nieto pasó por los barrios
hasta que encontré una señora de una cafetería que decía que un niño había sido
encontrado abandonado en una esquina el 16 de diciembre de 1992.
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| La señora Amparo Apraez y su esposo Pedro Apraez. |
Eran agentes de UNASE
El niño fue entregado al Instituto de
Familiar Bienestar (ICFB) de Pasto que inmediatamente empezó el trabajo
administrativo para adoptarlo el exterior. Anteriormente el niño había sido
encontrado por un hombre de apellido España, quien publicó la foto del niño en
la prensa local varias veces pero sin resultado. En Popayán la Sra. Soto había
hablado y denunciado el secuestro en emisoras locales. Las autoridades y el
ICFB no tenían ninguna relación nacional para averiguar si algún niño había
sido robado o secuestrado.
Cuando los secuestradores habían estado en la
casa, uno de los criminales perdió su documentación. Era agente de la UNASE.
Con la ayuda de ASFADDES, Asociación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos de Colombia y la presión internacional logró que abriera el
caso de su hija y nieto.
Adopción y anulación
En Pasto el Instituto negó entregar los nombres
de los padres adoptivos. ”Después 30 años”, decían, lo cual es el tiempo de
reserva.
Pero la decisión de la adopción no se había
tratado en forma correcta, ni siquiera según la ley colombiana.
– No, dice la doña Amparo. Transcurridos tres
meses ya estaba lista la adopción. Se envió una foto del niño pero ni siquiera
pusieron una foto en la prensa local o tomaron contacto con otras seccionales
del Instituto Familiar de Bienestar. Todo estaba listo en abril. Pero los
padres adoptivos no pudieron llegar antes de junio de 1993, el mes en que llegó
Carlos Alberto a Suecia.
Y en junio de este año (1995) fue anulada la
decisión de adopción por el Tribunal de Justicia de Pasto. Inmediatamente, y
con el corazón lleno de esperanzas, viajó Amparo de Soto a la capital sueca
Estocolmo para ver a su nieto por primera vez en dos años y medio.
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| La entrada del Instituto Familiar de Bienestar en Bogotá. En total 5500 niños colombianos han sido dados en adopción al país nordico hasta 2021. Durante dos meses solicité una entrevista con la encargada de la adopción de Carlos Alberto. en el ICBF. No me dieron la entrevista. |
Mil niños colombianos adoptados a Suecia
Para la pareja Andersson en Estocolmo también fue
una noticia saber de la verdad acerca de la mamá de Carlos Alberto y en la
forma en que había sido encontrado el niño.
La decisión de anular la adopción causó pánico
en El Centro de Adopción sueca, ADOPTIONSCENTRUM, que es una empresa “sin
lucros” que lleva por lo menos 25 años adoptando niños colombianos en Suecia.
Durante este periodo han sido adoptados aproximadamente mil niños colombianos.
¿Cuántos de ellos habrán pasado por la misma suerte como Carlos Alberto,
víctimas del Terrorismo de Estado de Colombia donde la mamá ha sido secuestrada
y desaparecida y probablemente asesinada por los agentes del Estado?
ANNIKA GRUNWALD, vocera de Adoptionscentrum conoce bien el caso de Carlos Alberto y se
encontró con la Sra. Amparo Apraez cuando ella visitaba Suecia en junio de éste
año. Pero no conoce los antecedentes como empezó todo. Se puso muy nerviosa e
irritada cuando le consulté acerca de la decisión de la anulación.
– Todavía hay posibilidades de apelar la
decisión en Colombia, dice.
No aceptan la ley colombiana
Los padres adoptivos por su lado dicen que no
reconocen el fallo del tribunal de Pasto, pero si las autoridades suecas toman
decisiones en contra, las obedecerán. Como las leyes neocoloniales son lo que
rigen al comportamiento de este centro de adopción sueca.
Para el gobierno sueco el caso ha creado serios
problemas. No quieren ser comparados con regímenes como el argentino o uruguayo
donde los verdugos de las dictaduras militares en muchos casos asesinaron las
presas políticas inmediatamente después de haber dado luz y posteriormente
”adoptar” los niños recién nacidos en las cárceles.
La lucha de las abuelas de “Las Madres de Plaza
de Mayo” es mundialmente conocida. Este año ha tenido éxito en el sentido que varios
de los “padres” militares han sido desenmascarados en procesos judiciales donde
las abuelas, con asistencia jurídica y médica, han comprobado con prueba de ADN
y sangre que los niños, hoy adultos, han sido robados y sus madres biológicas
asesinadas por los “padres”, es decir los militares. Muchos de estos niños han
salido corriendo de las salas de la corte con las lágrimas cayendo por sus
mejillas.
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| ". . . contra secuestro y extersión", se presenta el comando Gaula en su portal de internet. Gaula reemplazó UNASE 1996. Los hechos hablan por si solos. |
¿Cuál va a ser su trauma?
– ¿Que va a pensar mi nieto cuando sea grande, me
pregunta su abuela, Amparo de Apráez, si no me lo devuelven? ¿Cuál va a ser su
trauma, cuando él sepa que a su mamá verdadera la llevaron y él fue abandonado
en una calle de Pasto?
En Suecia la comisión estatal que obedece bajo
el ministerio de Bienestar Familiar, Socialdepartementet (Ministerio de
Seguridad Social y Salud sueca), no han hecho una investigación acerca del caso
de Carlos Alberto. Esa responsabilidad ha sido entregada a la empresa sueca que
facilitó la adopción, decisión muy insólita ya que se trata de intereses
propios de ADOPTIONSCENTRUM.
– Si hubiésemos sabido lo que sabemos hoy, no se
habría hecho la adopción, dice Annika Grunwald, pero agrega que hay que pensar
por el bien del niño, es decir que se quede con los padres adoptivos en Suecia.
– Este caso es único, dice la responsable de
Colombia en el Ministerio Exterior sueca, Ann Bernes. Los juristas
nuestros están estudiando e investigando el caso pero tienen serios problemas
ya que no hemos tenido un caso de este carácter antes en Suecia.
El Estado colombiano no hace nada
Y los abuelos siguen su lucha. Pero el Estado
colombiano, que tiene una deuda moral, económica y sobre todo, de carne y
hueso, no ha aportado con un centavo para pagar la terrible violación de DDHH
que sus agentes, empleados han del Estado han cometido a una joven y su hijo,
más a los familiares que sufren de la desaparición.
– No he recibido ninguna ayuda del estado
colombiano, solamente de Asfaddes y el abogado. Cuando uno llama al Ministerio
de Exterior en Bogotá parece que quieren callarlo todo. No quieren
informarnos. Uno llama pero no recibimos ninguna respuesta. Han pasado tres
meses desde que el tribunal en Pasto envió la decisión de la cancelación de la
adopción al ministerio, pero ninguna respuesta. ¡El Estado tiene que responder
por mi hija y nieto! subraya.
_6.jpg) |
| Harold Mosquera, abogado que sin cobrar fue el representante legal de la familia Apraez. Dice que el caso de Carlos Alberto es único en el mundo y que las autoridades tanto de Suecia como Colombia cometieron flagrantes violaciones al derecho del niño y su familia biológica. |
La decisión no ha llegado a Suecia
Y lo mismo dice la cancillería de Estocolmo.
Necesitan la decisión de las autoridades judiciales colombianas para tomar
decisiones más drásticas para avanzar en este caso único.
Y mientras tanto, hay un niño inocente e
inconsciente de su pasado y de futuro. Pero a la vez, una víctima de un
terrorismo que queda impune.
Algunos dicen que está bien donde esté. Puede
ser. Porque‚ en el mismo tiempo que hice las preguntas a las autoridades
suecas, salía un informe de la Comisión Andinas de Juristas acusando justamente
al Estado Colombiano por un genocidio más cobarde de todos los genocidios
conocidos, lo del niño colombiano:
“El Estado es directamente responsable de un número significativo de los
homicidios de niños en los que los agentes del Estado asesinan y torturan; en
la justicia privada, cohonestada por el Estado y dirigida contra los niños,
comúnmente conocida como ”limpieza social”; en el abandono estatal y la deficiencia
de programas de rehabilitación y resocialización de niños abandonados y
violentos, lo que coadyuva al fenómeno de ”limpieza social”; por último, en la
impunidad generalizada de la que disfrutan los asesinos de los niños,
comenzando por los agentes del Estado”, escriben los juristas andinas en un
informe bajo el título ”Una Generación Bajo el Fuego”.
NOTAS:
* UNASE: Unidad Administrativo contra Secuestro.
Formado por policías y de DAS. Obedece el gobierno.
** D.A.S: Departamento Administrativo de Seguridad.
*** SIJIN/F2: Servicio de investigaciones
judiciales inteligencia. Cuerpo de policía secreta perteneciente a cada
departamento de policía.
––––––––––
La carta al ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo García Peña:
El 15 de Septiembre se dirigió una carta al
ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo García Peña cuyo texto es lo
siguiente:
“Atentamente
nos permitimos adjuntar el exhorto No. 2 del Tribunal Superior del Distrito
Judicial Sala de Familia, en el cual se solicita a la familia Andersson
regresar a su familia original al niño Carlos Alberto Apráez, quien fue
secuestrado por agentes del Grupo Unase de Popayán en hechos ocurridos el 9 de
diciembre de 1992 y posteriormente abandonado por sus captores en la ciudad de
Pasto”.
En la misiva se aclara que la anterior solicitud
fue presentada “con el fin de que a través del Ministerio de Relaciones se
notifique a la Familia Andersson el contenido del fallo del Tribunal de Pasto”.
Pero como dice la Sra. Amparo de Apráez; “han
pasado tres meses y no ha pasado nada”. . .
Las preguntas que se hace en Suecia ahora y
preguntas que han sido enviadas al Ministerio de Exterior en Colombia son las
siguientes:
1. ¿Cuál es la responsabilidad política y
jurídica del Gobierno y Estado Colombiano en este caso?
2. Las autoridades colombianas anularon la
adopción porque‚ fue incorrecto en su proceso de decisión. ¿Cuáles son las
medidas de las mismas autoridades para ayudar a la familia a rescatar el niño
adoptado?
3. Según DANE (Instituto estatal de estadística)
fueron asesinados 2190 niños colombianos 1993 y la Comisión de Juristas Andinas
en una investigación acusa directamente los agentes del Estado por ser los
responsables. ¿Se considera que se puede tener relaciones y realizar adopciones
con un Estado que asesina a sus propios niños y donde las madres son
desaparecidas por los agentes del mismo Estado?
El secuestro de los dos suecos de Skanska 1994
por el Frente 18 de las FARC
El 14 de diciembre de 1994 fueron retenidos por
el Bloque Guerrillero José María Córdova de las FARC en el camino hacia la
construcción de la represa Urrá-1 dos suecos, topógrafos de la empresa
transnacional sueca SKANSKA. Se inició una enorme campaña, no contra el daño
irreversible de la ecología, el puño mortal contra los pueblos indígenas y sus
cientos años de historia, rituales y cultura, sino contra el movimiento
insurgente sino para alertar de la destrucción de la empresa en la región.
Skanska, que según su propias palabras a través
su vocero Lennart Hallberg, ha construido represas en más de cien países,
incluso países de ”jungla” como Colombia, que fueron las palabras humillantes
del vocero Lennart Hallberg en una polémica sobre la destrucción de la ecología
que significa al Rio Sinú.
“Hay diferencia entre gente y gente”
Y mientras el Estado Colombiano no aporta económica ni moralmente a la
familia Apráez, la
multinacional empresa sueca SKANSKA gastaba más de tres millones de dólares
(3.000.000 usd) durante los 150 días que los dos topógrafos estaban
secuestrados.
Fue un costo para mantener un equipo permanente
de médicos, psicólogos y demás personal en el caso de una liberación. A parte
de eso, el mismo presidente Ernesto Samper hizo llamados a las FARC y se
encontró en Brasil con el vice ministro sueco exterior, Pierre Schori
para discutir el caso sueco. Cuando estos fueron liberados el presidente Samper
los recibió en la Casa de Nariño para felicitarlos.
En Suecia hay un dicho muy clásico que dice;
“Hay diferencia entre gente y gente”.
Dick Emanuelsson
